Ayuda Militar Estadounidense para Colombia

Colombia ha sido uno de los principales receptores de ayuda militar de los Estados Unidos por mas de una década, y el mayor receptor en el hemisferio occidental. Desde 1994, Amnistía Internacional USA ha llamado a un completo cese de la asistencia militar de Estados Unidos hasta que las condiciones de derechos humanos en Colombia mejoren y la impunidad sea enfrentada. Sin embargo, hasta hoy lo que abunda es el uso de la tortura, masacres, “desapariciones,” asesinatos de no-combatientes y choques entre las fuerzas armadas y los paramilitares. En el 2006, la asistencia de Estados Unidos hacia Colombia ascendió aproximadamente a $ 728 millones, y de los cuales el 80 por ciento fue destinado a ayuda militar y asistencia policial.

“Plan Colombia,” el nombre que en el año 2000 Estados Unidos le dio al paquete de ayuda, fue creado como una estrategia para combatir el tráfico y producción de droga y buscar la paz, especialmente a través de medios militares. El gobierno estadounidense comenzó a otorgar asistencia a Colombia en el año 2000, durante el gobierno de Bill Clinton. Desde el inicio del Plan Colombia, Estados Unidos le ha otorgado a Colombia mas de $5 billones, siendo el principal destinatario de estos fondos el ejército y la policía. Estas cifras son significativamente mayores que lo donado para asistencia económica y social.

Además de instar por el término de la ayuda militar, AIUSA apoya la inclusión de una certificación en el paquete de asistencia que Estados Unidos otorga a Colombia. Esta certificación obligaría al Departamento de Estado a certificar el progreso de Colombia en términos de derechos humanos, antes que la ayuda sea otorgada. Los criterios de esta certificación, incluyen suspensión de personal militar que ha ayudado o ha sido cómplice de organizaciones paramilitares, aprehensiones de líderes de organizaciones paramilitares, como también otros. Mientras que estas regulaciones eran en un inicio aplicadas por completo a la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Colombia, el congreso ha cambiado esta regulación, por lo que ahora sólo el 25 por ciento de la asistencia esta sujetas a normas de carácter humanitario.

A pesar de la clara evidencia del fracaso en la protección de los derechos humanos, el Departamento de Estado continúa otorgándole a Colombia una certificación que hace al país sudamericano para recibir asistencia. Por lo cual, Estados Unidos ha continuado una política de “dame más gasolina al fuego” en un contexto de profundas violaciones de derechos humanos con colusión de grupos paramilitares ilegales, todos los cuales continúan actuando en los límites de la impunidad.
Asimismo, después de 6 años y mas de $ 5 billones de dólares en asistencia de a Colombia, Estados Unidos ha fracasado en la reducción de la disponibilidad o el uso de la cocaína en su propio territorio, mientras que el record derechos humanos de Colombia se mantiene profundamente negativo. Pese a esta situación, el monto de la ayuda solicitada por el gobierno de Bush para el próximo año es casi igual al de años pasados, es decir con un injustificable énfasis en seguridad y especialmente en asistencia militar, la cual constituirá el 80 por ciento del paquete de ayuda a Colombia. De hecho, el presidente Bush ha solicitado al congreso otros $3.9 billones para los próximos 7 años.

Pese al patrocinio del gobierno en el proceso de “desmovilización”, los colombianos y organizaciones de derechos humanos han reiteradamente documentado la continua colaboración de militares y paramilitares. De hecho, a pesar del acuerdo de cese al fuego entre el gobierno y los paramilitares, la Comisión de Juristas de Colombia ha documentado que entre el julio del 2002 y junio del 2005, estos grupos llevaron a cabo 1,060 asesinatos y desapariciones forzosas. Asimismo, recientemente, el 31 de enero del 2007, Yolanda Izquierdo, una defensora de los derechos humanos fue asesinada en el Departamento de Córdoba por un hombre sospechoso de haber apoyado a los grupos paramilitares. Izquierdo, también estaba trabajando con los sobrevivientes de las violaciones de grupos paramilitares en la audiencia del líder paramilitar Salvatore Mancuso. En respuesta, Mancuso realizó un declaración de prensa en la cual reconoció que hay mas de 5,000 paramilitares re-armados operando en Colombia.

Mientras tanto, abundantes reportes, incluidos unos cuantos de las Naciones Unidas, han documentado la continua directa responsabilidad de las fuerzas de seguridad en las violaciones de los derechos humanos. Vemos un continuo uso de las cortes militares para casos de violaciones de los derechos humanos y el fracaso en la toma de acciones decisivas para combatir la impunidad. En Febrero, una reportaje reveló que en el Centro de Instrucción y Entrenamiento del Ejercito Colombiano, 21 reclusos militares fueron torturados por oficiales mientras se entrenaban.