Patricia Rivas
La Radio del Sur
En Europa se han encendido las alarmas. La crisis humanitaria que arrastra Colombia como consecuencia de casi 50 años de conflicto armado interno y de guerra sucia, se agrava con la persecución por elementos estatales y paraestatales de las personas que se atreven a defender los derechos humanos.
Con el escándalo destapado en abril de 2009 (1), se constató que en los últimos siete años, el principal organismo de inteligencia del Estado colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha interceptado ilegalmente las comunicaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas y hasta de jueces de la Suprema Corte. Directivos del DAS están acusados de colaborar con los paramilitares, de restringir las misiones internacionales de derechos humanos que visitan Colombia, de amenazar, neutralizar y restringir la labor de los defensores o de montar juicios sin fundamento en su contra.
Éste es el motivo que ha llevado a la Oficina Internacional de Derechos Humanos -Acción Colombia, que agrupa a más de 30 organizaciones de derechos humanos de diez países europeos-, a lanzar este mes de noviembre en Madrid una campaña en defensa de los derechos humanos en Colombia.
En el marco de presentación de la campaña conversamos con Enrique Santiago, Secretario General del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) y Portavoz de la Plataforma Justicia por Colombia de España
Usted ha formado parte de varias comisiones internacionales de verificación sobre el terreno y ha estado recientemente en Colombia. ¿Cuál es el balance de la situación de los derechos humanos en Colombia?
Desgraciadamente, no se aprecian cambios sustanciales en la situación de vulneración sistemática de los derechos humanos en Colombia. Sigue existiendo una alta impunidad judicial en este tipo de delitos, una inactividad generalizada por parte de la Fiscalía y también por parte de la Procuraduría de la Nación. Se ha confirmado en estos últimos años lo que era un secreto a voces: la intervención directa de las fuerzas armadas colombianas y de los cuerpos policiales en la vulneración de los derechos humanos, en el escándalo –no el único, pero quizá el más significativo- de los “falsos positivos” (2).
A pesar de que la versión oficial es que con la Ley de Justicia y Paz se produjo la desmovilización de los grupos paramilitares, sobre el terreno se constata que siguen existiendo, en muchos casos formados por los mismos actores y dirigidos por los mismos intereses políticos, tanto territoriales como vinculados a la oligarquía colombiana.
Y en los últimos meses lo que se ha puesto de manifiesto es una intervención directa del Estado colombiano en las políticas de acoso a defensores de los derechos humanos, oposición política, líderes sindicales y líderes ciudadanos, y un elemento añadido más: un acoso también al poder judicial colombiano, que hasta ahora se había mantenido independiente del poder omnímodo del Estado representado por el presidente Uribe.
El escándalo de las escuchas del DAS no solamente incluye escuchas sin autorización judicial e intromisión en la vida privada, sino la utilización de los datos de seguridad del DAS para la realización de atentados. Ha quedado confirmado cómo el propio DAS pasó datos y ordenó a organizaciones paramilitares la eliminación de dirigentes sindicales y sociales que debían estar protegidos precisamente por el DAS. Utilizando los operativos y las estructuras de protección del DAS para acabar con la vida y atentar contra la integridad de las personas a las que tenían que proteger.
El balance no puede ser más negativo, y lo más preocupante es que la posición de las instituciones colombianas, y seguida en muchos casos por gobiernos de la Unión Europea, es que el problema del paramilitarismo en Colombia ha dejado de existir, con lo cual no pueden existir víctimas de los paramilitares, puesto que no existen las organizaciones paramilitares. Esto provoca una serie de problemas en cadena: falta de reconocimiento de atención social, falta de acceso a los mecanismos de verdad contemplados en la Ley de Justicia y Paz y, sobre todo, la falta de reconocimiento por parte de los gobiernos de la Unión Europea de que este problema sigue existiendo y sigue provocando a diario víctimas. Hoy mismo nos han llegado distintas alertas de organizaciones de derechos humanos colombianas de desapariciones atribuidas a organizaciones paramilitares, de líderes comunales, que se han producido esta misma semana.
Desde Europa tiende a verse la realidad colombiana con cierta “conciencia limpia”. ¿Qué responsabilidad le cabe a los capitales europeos que están invirtiendo y obteniendo jugosos beneficios en Colombia desde hace ya muchos años?
Por una parte, los gobiernos de la Unión Europea llevan adelante su política exterior y defienden sus intereses diplomáticos supeditados a lo que ellos denominan los intereses de las respectivas compañías multinacionales de cada uno de los países. Estamos acostumbrados, por lo menos aquí en España, a que después de las reuniones del Consejo de Ministros, se nos ilustre por parte de sus portavoces, manifestando que “el Gobierno español defiende los intereses de las compañías españolas en América Latina, puesto que es defender los intereses de España”. Sin embargo, cuando estas compañías vulneran convenios internacionales, por ejemplo, los convenios de la OIT, convenios medioambientales, convenios sobre los derechos de los pueblos indígenas, etc., se produce el curioso efecto de que estos mismos gobiernos eluden cualquier tipo de responsabilidad alegando que se trata de actores privados sobre los cuales el Gobierno no tiene ninguna influencia ni es responsable de sus actividades.
Hay una contradicción evidente entre unos gobiernos que defienden los intereses de esas compañías, aunque sean contrarios, como sucede la mayoría de las veces, a los intereses de los pueblos de América Latina, y aunque las actuaciones de estas compañías estén vulnerando los derechos humanos, pero, por otro lado, cuando se les pide una intervención para contribuir a frenar esas vulneraciones de derechos, esas intromisiones en las esferas políticas y sociales que las compañías multinacionales realizan en Europa, los gobiernos europeos se niegan a intervenir aduciendo esa supuesta independencia de las empresas.
En el caso particular del gobierno español, en la última década hemos pasado por gobiernos de la derecha, del Partido Popular, y de la supuesta izquierda representada por el Partido Socialista. ¿Qué balance se puede hacer de la política exterior de los gobiernos españoles con respecto a Colombia?
Desgraciadamente, y al margen de quién gobierne, la política de España respecto a Colombia siempre es la misma, y parte de una primera ficción, que es considerar que Colombia es un Estado de Derecho homologable y que, a partir de ahí, no puede haber ningún tipo de interferencia en las actuaciones del Gobierno colombiano.
Un Gobierno sustentado por unas fuerzas políticas que tienen ahora mismo más de 60 diputados y senadores procesados o encarcelados en Colombia por vínculos con organizaciones terroristas de extrema derecha, por vínculos con paramilitares; un Gobierno que personalmente ha puesto en marcha la política de persecución y de criminalización de los movimientos sociales, de los defensores de derechos humanos, de escuchas y acoso al poder judicial colombiano; un Gobierno que viene permitiendo la connivencia entre las fuerzas de orden público y los grupos paramilitares; y un gobierno que ha utilizado todos los mecanismos a su disposición y más para evitar, cuando los dirigentes de las organizaciones paramilitares han estado dispuestos a contar la verdad, que no es otra que la implicación directa del Estado colombiano en la organización de los grupos paramilitares y en la fijación de objetivos de estos grupos militares. El Estado colombiano ha hecho todo lo posible para que estos dirigentes paramilitares no pudieran hablar a la opinión pública, en este caso, utilizando los mecanismos de la extradición.
Que en este contexto el Gobierno español, por ejemplo, siga manteniendo la ficción de que Colombia es un Estado de Derecho, es algo que ya prácticamente no se sostiene. Pero esta ficción lleva aparejada otra serie de consecuencias: en primer lugar, se sigue vendiendo armamento a Colombia. La venta de armamento ahora mismo se presenta como material militar no susceptible de tener carácter ofensivo, y el Gobierno español aduce que las ventas se limitan a medios de transporte o sistemas de comunicación. Tanto esos medios de transporte como esos sistemas de comunicación se utilizan, como se ha podido acreditar, en estos mecanismos de criminalización de la sociedad civil, de persecución de la oposición y de vulneración sistemática de los derechos humanos.
Además de eso, el Gobierno español se niega a utilizar los mecanismos comerciales de que dispone la Unión Europea para obligar al Gobierno colombiano a que respete los derechos humanos. De hecho, sigue utilizándose el mecanismo de SGP Plus -que es un mecanismo de privilegio de la cooperación de la Unión Europea hacia los gobiernos con los que se establezca políticas de cooperación- a favor del Gobierno colombiano, como si no se estuviera produciendo esta situación de conflicto armado interno, que es lo que hay, presentado como un mero problema entre terrorismo y el Estado, y como si no existieran estas vulneraciones de los derechos humanos.
Por otra parte, igualmente en las políticas de cooperación al desarrollo, se están manteniendo importantes aparatos del Estado colombiano que deberían velar por la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, la Agencia de Acción Social, que depende directamente de la Presidencia de la República colombiana y que es el organismo principal encargado de atender a las víctimas, cuyos dirigentes han sido ya judicializados en varias ocasiones por desvío de fondos. El 80% de los fondos que maneja esa Agencia de Acción Social que no llegan a las víctimas, proceden de fondos de la cooperación internacional, entre ellos, de España.
Y podríamos incluso abundar en la actuación de determinados gobiernos regionales en España. Especialmente ilustrativa es la actuación de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, que a través de las líneas de Medio Ambiente, está financiando los sistemas de los llamados “guardabosques” en Colombia, que no es ni más ni menos que la reconversión de antiguos paramilitares en informantes a favor del ejército y de lo que ahora se llaman “nuevas bandas emergentes”, que siguen siendo las mismas organizaciones paramilitares.
En la última misión en que he estado en Colombia, a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre, hemos podido comprobar, con otros miembros de la comunidad internacional, que en zonas absolutamente militarizadas, siguen conviviendo en ámbitos geográficos muy reducidos, dispositivos del ejército con dispositivos de organizaciones paramilitares y, a su vez, que, por esas mismas zonas absolutamente controladas por el ejército, campan a sus anchas todo tipo de narcotraficantes, entran insumos del narcotráfico, salen toneladas de hoja de coca, sin que intervengan las fuerzas de orden público colombiano y además quieren presentarlo como que la política de lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo en Colombia está siendo “un gran éxito”, cuando lo único que está provocando es mayores daños a la población, más víctimas, y, sobre todo, la falta de consideración, el no reconocimiento de la existencia de esas víctimas por esa ficción, asumida por los gobiernos europeos y por el gobierno español, de que ya no existen organizaciones paramilitares en Colombia.
¿Cuáles son las principales exigencias que las organizaciones de derechos humanos hacen al Gobierno español, especialmente de cara a la próxima presidencia española de la Unión Europea?
La primera petición que se hace al Gobierno español, especialmente en su papel de presidente de turno de la Unión Europea, es que se acabe con la ficción de que Colombia es un Estado de Derecho homologable. En Colombia existe un conflicto armado interno, desde hace muchos años, y existe un Gobierno que vulnera sistemáticamente la legalidad interna colombiana, y vulnera los tratados internacionales, siempre en perjuicio de la sociedad colombiana. Ésa es la primera exigencia: acabar con esa ficción.
Además nos hemos reunido con el Gobierno español y le hemos pedido expresamente que se implique en la campaña que las organizaciones de derechos humanos europeas y colombianas han lanzado de protección de los defensores de los derechos humanos; que condicione cualquier tipo de cooperación económica, comercial, al desarrollo o de asistencia técnica, al respeto efectivo de los derechos humanos; que establezca mecanismos de seguimiento y verificación sobre el terreno de la situación de los derechos humanos en Colombia; y hemos pedido también que cese cualquier tipo de venta o transferencia de materiales susceptibles de ser utilizados militar o policialmente, toda vez que estos cuerpos colombianos de la Administración –las fuerzas armadas y la policía- acaban, inexorablemente, siendo brazos, herramientas de la vulneración de los derechos humanos que padece la población.
(1) Ver http://www.semana.com/noticias-justicia/chuzadas-del-das-alarman-fiscal/123104.aspx y http://www.semana.com/noticias-nacion/pruebas-reinas-chuzadas-del-das-encienden-debate/123941.aspx
(2) Asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano (ejército y policía), presentados luego como “guerrilleros caídos en combate”. Las organizaciones de derechos humanos en Colombia han registrado hasta el momento más de 2.200 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los dos últimos años.
